Los editores españoles están de retirada. Acuciados por la crisis económica e incapaces de encontrar un modelo de negocio rentable, cosechan las últimas ganancias de un sector que disfrutó de las vacas gordas -incremento del 6% de la facturación anual entre 2005 y 2007- sin hacer acopio ni adaptarse a un presente digital largamente anunciado. De espaldas al periodismo, prefieren salir de un segmento devastado y alejado de su esencia de servicio público antes que fertilizar el huerto.
La profesión periodística española se retrata en un gesto: enjuaga el moquero. El pesimismo se ha adueñado de sus cerca de 50.000 profesionales. En datos del Observatorio de la Crisis que dirige la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) -primera organización española, con más de 20.000 asociados-, la industria de los medios destruyó 3.938 puestos de trabajo entre noviembre de 2008 y junio de 2011. Más de 6.500 periodistas figuran como desempleados en las listas del Servicio Público de Empleo al tiempo que las Universidades que imparten Periodismo en España -37; de las cuales, 12 en Madrid- licencian a más de 3.000 nuevos profesionales al año, según datos del Informe Anual de la Profesión Periodística 2010.
Grandes y medianos empresarios de la construcción -motor de la economía española durante la última década- adquirieron y fundaron nuevos diarios y canales televisivos con la intención de autopromocionarse hasta generar una burbuja mediática cuyo estallido, a principios de 2008, bajó la persiana de la mayoría de ellos. En 2009 convivían en España, un territorio ocupado por 48 millones de habitantes, más de 140 cabeceras. Galicia, región en la que residen menos de tres millones de habitantes, llegó a registrar 12 diarios y Guadalajara, con 90.000 almas, disfruta de cuatro televisiones todavía hoy.
Los editores españoles pasaron demasiados meses mirándose el ombligo, reponsando los ingresos tumbados en el diván de la abundancia. No hace tanto tiempo atrás despreciaron las señales del mercado y censuraron a los medios nativos digitales por inconsistentes y poco fiables. Aunque tardó en concienciarse, la industria pretendió avanzar en dos años lo que no anduvo en diez. La contemporaneidad digital le agarró con el pie cambiado, pero confió en subirse al tren e ideó multitud de fórmulas para obtener rentabilidad y recuperar audiencia. Apostó por prejubilar a los veteranos y más experimentados, que también son quienes mayores salarios disfrutan. Redujo las plantillas y, por ende las redacciones, hasta su mínima esencia, sobrecargando de tareas a quienes mantuvieron su puesto de trabajo. Sustituyó a los maestros por becarios de 35 años, que trabajan 14 horas al día para suplir la falta de personal a cambio de una paga de 300 euros, los más afortunados. Recurrió a los despidos masivos, que en el mundo de lo políticamente correcto se llaman expedientes de regulación de empleo (ERE). ¡Dinamita para la profesión!
El diario ABC, con 108 años a su espalda, despidió a 238 personas en 2009. Las malas lenguas aseguran que el Grupo Vocento cargó el gasto en papel de sus 12 cabeceras regionales al debe y haber de su buque insignia para obtener la autorización del Ministerio de Trabajo. Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, despidió a 78 profesionales el mismo año. Este mismo grupo acaba de fundir a negro los servicios de Informativos y Deportes de Veo7, su canal televisivo, dejando en la calle a 73 periodistas. Las revistas de Hachette Filipacci se deshicieron de 90 trabajadores en 2009. Zeta, empresa que vivió grandes glorias en los ochenta y principios de los noventa, prescindió de 531 empleados, una quinta parte de su plantilla, en 2008. El económico Cinco Días, perteneciente al Grupo Prisa, redujo su staff de 90 a 50 asalariados en un año.
La descapitalización tuvo su episodio más grave en 2007 cuando el ente público Radio Televisión Española prejubiló a 4.150 profesionales mayores de 50 años. La marca, referente del periodismo de calidad y escuela de algunos de los profesionales españoles más respetados, prescindía así de veteranía y experiencia.
Prisa, el primer grupo de comunicación en español, anunció a finales de 2010 un ERE que afectará al 18% de su plantilla, hasta 2.514 trabajadores; 2.000 de ellos solo en España. La noticia coincidió con el cierre de CNN+, tras la venta de Prisa TV a Telecinco, perteneciente al grupo Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi. La señal de CNN+ pasó a ser ocupada por la emisión de Gran Hermano 24 horas. Los directivos de Prisa niegan que la operación estuviera motivada por la entrada en su accionario del fondo de inversión Liberty, un vehículo inversor catalogado como special purpose acquisition company (spac) que ocupa la mitad de las sillas de su consejo de administración. Uno y otro asunto pusieron el broche a un año nefasto para el periodismo español, tanto en lo laboral como en lo profesional.
Por si la precariedad y el desempleo no resintieran lo suficiente la calidad del producto periodístico, la clase política parece dedicida a hacerle la guerra a los informadores. El Congreso aprueba leyes que atacan de manera frontal la libertad de prensa, como la imposición de bloques de propaganda de partidos políticos durante los programas informativos, en función de sus resultados electorales en anteriores comicios. Los políticos convocan ruedas de prensa durante las que no admiten preguntas, moda a la que se han apuntado desde el concejal de más bajo rango hasta el mismísimo presidente del Gobierno, banqueros y algún que otro entrenador de fútbol. Y, mientras que el Parlamento promulga la Ley General Audiovisual que contempla la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en octubre de 2010, demora la tramitación de una ley de transparencia. España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carece de una ley de acceso a la información pública, herramienta fundamental para la profesión periodística pero también para la ciudadanía. Víctima también de la desrregulación reinante, el proyecto de ley del Estatuto del Periodista Profesional permanece varado en las Cortes desde 2004.
Y, en esas, triunfan productos espectáculo. Mientras los espacios informativos son trasladados a canales minoritarios de difícil horario o simplemente desaparecen, los talkshow y los programas sobre la vida de las celebrities se multiplican. Los tertulianos ocupan el espacio antes reservado a periodistas y expertos, confundiéndose tareas y cundiendo con ello el desprestigio hacia los profesionales de la información.
En un país con más de un 20% de paro, resulta significativo que el Gobierno español se haya comprometido a elaborar un Libro Blanco de la Profesión Periodística y no de cualquiera otro de los colectivos profesionales castigados por la crisis.
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